Sanz ha destacado que con la rehabilitación de Prado 30, el Ayuntamiento de Madrid pondrá al servicio de los vecinos un inmueble que permaneció ocupado entre mayo de 2017 y noviembre de 2019, cuando fue desalojado por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida.

En estos momentos, se están desarrollando dos fases de obra en paralelo cuya finalización está prevista para el próximo otoño. Mientras que los trabajos de la primera fase afectan a todo el edificio, que suma una superficie construida de 3.397 m2, la segunda fase se limita a una superficie de alrededor de 1.600 m2 que se corresponden con el futuro espacio cultural, ya que el resto del edificio será destinado al centro de salud.

Primera fase: consolidación estructural

La primera fase de los trabajos, que comenzó el pasado mes de mayo, cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros, financiados en un 48 % por el Ayuntamiento de Madrid y en un 52 % por la Comunidad de Madrid, atendiendo a la superficie que ocuparán los dos futuros equipamientos.

Esta fase consiste en la consolidación y refuerzo estructural del edificio; la mejora del inmueble en cuanto a accesibilidad y evacuación de incendios con dos nuevos núcleos de comunicación; la demolición de elementos para la recuperación del patio interior; la ampliación del edificio en la planta superior, que restablecerá la superficie del volumen demolido por la recuperación del patio; la restauración y reparación de las fachadas protegidas; la sustitución de las carpinterías exteriores por unas similares con mejores prestaciones térmicas y acústicas; la restauración del zaguán de la planta baja y de la escalera imperial que da acceso desde la planta baja a la primera, y la demolición de todos los elementos interiores (tabiquería, falsos techos, instalaciones, etc.), dejando el edificio en bruto para la implantación de las futuras dotaciones.

Segunda fase: espacio cultural

La segunda fase de los trabajos, financiada íntegramente por el Ayuntamiento mediante una inversión de 3,5 millones de euros, afecta al ala norte del edificio cuya fachada se orienta al paseo del Prado y al chaflán (únicamente en las plantas semisótano, baja y primera). La intervención tiene como objetivo convertir esa parte del inmueble en un espacio cultural.

La planta semisótano/chaflán albergará las entradas accesibles del edificio, dos aulas polivalentes, un aseo y cuartos de instalaciones, así como un patio exterior de acceso exclusivo para mantenimiento. En la planta baja, se ubicarán el acceso principal al edificio desde el paseo del Prado, zona de recepción, sala de exposiciones, zona administrativa, aseos y entrada secundaria al norte del ala para salida de evacuación.

La planta primera contará con salón de actos, cuarto de almacenaje y aseos, mientras que en la segunda planta habrá aulas destinadas a actividades deportivas como yoga y pilates, con sus correspondientes vestuarios. Por su parte, la planta tercera tendrá un espacio diáfano destinado a la realización de diferentes talleres y actividades, aseo, cuarto de instalaciones exteriores y salidas a la terraza de mantenimiento y a la ubicada en la alineación del paseo del Prado. Por último, en la cuarta planta se ubicará un espacio diáfano que se utilizará como sala de estudio, además de un aseo.

Trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Comunidad

Una vez recuperado por el Ayuntamiento en noviembre de 2019, la Comunidad de Madrid solicitó la cesión parcial del edificio para poder implantar un centro de salud, mientras que el Consistorio decidió establecer un espacio cultural. Para que ambos proyectos se puedan materializar, el Ayuntamiento otorgó una mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad a favor de la Comunidad de Madrid y se adscribió el inmueble al distrito de Centro.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estudiaron las diferentes opciones para ejecutar la obra, ponderando los usos a los que estará destinado el edificio y la particular situación de protección urbanística. De este análisis se concluyó que las obras que requería el inmueble no eran una mera adaptación de espacios, ya que era necesario proceder a la consolidación estructural, la rehabilitación de la envolvente y la ampliación del edificio para poder albergar los usos a los que está destinado.

Esta intervención presenta una gran complejidad técnica por tratarse de refuerzos estructurales y de cimentación, por lo que los servicios técnicos consideraron inviable hacerla por partes. Esta circunstancia, unida al hecho de que el Ayuntamiento dispone de un acuerdo marco para este tipo de intervenciones, aconsejó, en aras de la eficiencia de la actuación y de la pronta puesta al uso público, que sea el Ayuntamiento quien acometiera las obras referidas a elementos estructurales del edificio para que después cada administración pueda ejecutar su propia dotación.